América Latina alcanza el índice más bajo de instalaciones de software no genuino de los 10 últimos años

San José Costa Rica, 07 de julio de 2014 – Año con año, IDC lleva a cabo un estudio global sobre el uso de programas de software para The Software Alliance (BSA), que ayuda a entender las tasas de piratería entre usuarios de computadoras de todo tipo de marcas. Para el informe del 2013, se encuestó a usuarios en 34 mercados, incluidos 22 mil consumidores y usuarios de PC empresariales, y más de 2.000 gerentes de TI. La tendencia, apunta a que el motivo principal para no utilizar software sin licencia es el riesgo de amenazas a la seguridad causado por malware; entre las preocupaciones específicas se encuentran las intromisiones por parte de hackers y la pérdida de datos.

Un vistazo a América Latina:

  • En el caso de Chile, la piratería de software cayó a 59%, lo que corresponde al nivel más bajo en sus últimos 10 años, ya que hace cinco este indicador llegó a 67%.
  • México ha logrado acumular una reducción de 11 puntos porcentuales en el uso de programas ilegales desde el año 2005, fecha en el que registraba un índice del 65% de software apócrifo.
  • Por su parte, en Colombia el índice de software de PC instalado sin la debida licencia fue de 52%, cambio de un punto porcentual menos comparado con 2011.
  • A pesar de las preocupaciones sobre seguridad, sólo 31% de los programas de software en Argentina son legales.
  • El promedio de la región centroamericana de uso de software sin licencia supera el 74%, lo que en términos monetarios se refleja en un monto de US$518 millones. En Costa Rica, por ejemplo, el 59% de los programas de software son ilegales.
  • El índice de software de PC instalado sin la debida licencia en Perú fue de 65 % en 2013.

El estudio muestra que aún cuando gobiernos de la región, como el peruano o el argentino, cuentan con leyes que luchan contra la piratería, tanto el sector privado como el público, deben continuar con inversiones pertinentes, impulsando mejores prácticas de negocios y adoptar estándares de gestión de software para garantizar la ética de las empresas, ya que los índices de uso de software no genuino en los países encuestados son altos.

Basta echar una mirada al comportamiento de empresas en países como Brasil o Chile, donde según el estudio de BSA sólo 38% y 25% de estas, respectivamente, ha decretado políticas para el uso de software con licencia. En México, la encuesta revela que en el país existe 47% de organizaciones que aplican políticas informales de licenciamiento de software, 39% lo hace de manera estricta y formal, y un 10% de empresas no cuenta con ningún tipo de política informática.

Al respecto, la presidenta y directora ejecutiva de BSA, Victoria Espinel comenta que “existen medidas básicas que cualquier compañía puede tomar para asegurar que su cumplimiento sea pleno, como establecer una política formal sobre el uso de software con licencia y el mantenimiento de registros detallados. Las compañías también deben considerar la implementación de programas de administración de software más firmes que sigan pautas aceptadas a nivel internacional. Esto ayuda a las organizaciones a evitar riesgos operativos y de seguridad, y asegura que tengan el número correcto de licencias para sus usuarios”.

“Garantizar un uso seguro de la tecnología, no sólo generará más confianza entre los usuarios, sino que tendrá un impacto positivo en las economías de los países que impulsen dichas políticas. Microsoft trabaja de la mano con diversas instituciones, tanto públicas como privadas, en la creación e implementación de estrategias para asegurar la protección y uso de datos. El resultado de hoy, nos alienta a seguir trabajando y nos demuestra que aún hay un largo camino por recorrer”, comenta David A. González Nares, Director de Antipiratería para Microsoft Latinoamérica.

El uso de Internet es esencial hoy en día, de allí la importancia de que los datos estén seguros y protegidos, así todos podremos aprovechar sus beneficios con confianza. Microsoft está comprometido a proteger a los consumidores desprevenidos contra la descarga o compra de software pirata que los exponga a malware que conduzca al robo de identidad, a la pérdida de datos o a fallas del sistema.